La nueva renta para los desempleados, aprobada por el Consejo de Ministros, es de justicia social

El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha manifestado que esta medida va en la buena dirección pero requiere más desarrollo, más complementos y, sobre todo, mayores esfuerzos de políticas públicas.

UGT.- jueves, 13 de agosto de 2009

UGT considera que el Real Decreto Ley que establece el programa temporal por desempleo e inserción, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, es una medida de justicia social, que tiene naturaleza de urgencia, y es un compromiso y una obligación del Gobierno que requiere de la cooperación de las CCAA. El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha manifestado, en rueda de prensa, que esta medida debe complementarse con programas de contratación, de formación y empleo. La medida va a actuar sobre un colectivo reducido de personas desempleadas, “pero va a haber bastantes más personas que queden sin protección y, por lo tanto, junto con esta medida, que valoramos favorablemente, se tienen que desarrollar políticas por parte de las CCAA, a través de la renta activa de inserción, para proteger al resto de personas que no reúnen este requisito de haber agotado la prestación o el subsidio”.
No obstante, Ferrer ha advertido que estas medidas de solidaridad con las personas más necesitadas de nuestro país no van a paliar, por sí mismas, la actual situación de crisis económica y de destrucción de empleo, “por eso, reclamamos al Gobierno que intensifique y desarrolle las políticas públicas para reactivar la economía. Una buena señal es que hoy se haya abordado, también, el nuevo Plan de Inversión Local, orientado a introducir nuevas tecnologías, a potenciar las energías renovables y desarrollar los servicios sociales en los ayuntamientos y, a la vez, que se prepare para el otoño la Ley de Economía Sostenible”.
El reto de futuro de nuestro país es desarrollar un modelo económico y social basado en el valor añadido, en la productividad y en el empleo de calidad, por eso, Toni Ferrer considera “que el futuro del diálogo social debería de transitar por ese camino, lo que requiere que CEOE abandone sus posiciones, pues estamos en un periodo de responsabilidad general, en el que todos debemos asumir los intereses generales, los intereses del país y no intereses particulares”.