Lo contaba Público.es hace sólo un par de días con todo lujo de detalles: durante los veintitantos meses que lleva en vigor la reforma laboral, 45.000 empresas han puesto en marcha algún tipo de expediente de regulación de empleo (ERE), tantas como en los cuatro primeros años de la crisis juntos.
Mientras que entre 2008 y 2011 fueron 1.343.000 los trabajadores afectados por ese tipo de procedimientos, sólo desde febrero de 2012 –fecha de entrada en vigor de la reforma– hasta noviembre de 2013 –último mes del que existen datos oficiales– la cifra ascendió nada menos que a casi 800.000.
Es verdad –como preveía el Gobierno– que han subido los ERE de suspensión temporal de empleo y de reducción de jornada; pero también lo han hecho los de extinción definitiva de contrato, pues han sido despedidos 146.000 trabajadores, que era lo que supuestamente se trataba de evitar.
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