La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT), donde se encuentra ubicado el sector de seguridad privada –que emplea en nuestro país a algo más de 80.000 trabajadores y trabajadoras-, manifiesta su rechazo a la nueva Ley de Seguridad Privada porque se privatizan servicios en detrimento del empleo y de la seguridad pública.
Además, la ley no protege a los vigilantes en su conjunto, tal y como había prometido el Gobierno y la Policía. No elimina el intrusismo, al contrario, lo legaliza en manos de las empresas de seguridad para que amplíen su facturación en una parte del sector que se les escapaba, en detrimento de los trabajadores de la seguridad privada. Ofrece a las empresas de seguridad nuevas posibilidades de negocio inimaginables hasta ahora y el derecho de huelga de estos trabajadores sigue cercenado.
Se pone el acento en solo una cuestión, que no es otra que el menoscabar la capacidad de intervención de los Vigilantes de Seguridad, capacidad que ya tienen en el ejercicio de sus funciones, en vez de poner el foco de atención en lo que realmente cambia esta nueva Ley Seguridad Privada.
Al hilo de la polémica suscitada por la aprobación, en el Congreso de los Diputados, del proyecto de ley de Seguridad Privada, el Sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de la FeS-UGT quiere hacer las siguientes observaciones:
Los Vigilantes de Seguridad ya están en las calles y espacios públicos: recargando cajeros automáticos, llevando dinero a las entidades financieras, acudiendo a verificar las alarmas que se producen en los locales comerciales o viviendas, polígonos industriales, urbanizaciones, espectáculos públicos, etc.
Los Vigilantes de Seguridad llevan años vigilando Centrales Nucleares, Fábricas de Armas, Centros Militares, Centros de Comunicación, Aeropuertos, Barcos Pesqueros, y han protegido y siguen protegiendo la vida de multitud de personalidades: políticos, jueces, empresarios… en los servicios de escolta.
Son objetivo en el desarrollo de su trabajo de bandas organizadas y criminales sin escrúpulos: como en Vigo, Tarrasa, Viso del Alcor, Castelldefels, Marchena…
Todo ello con cargas añadidas como: largas jornadas en los turnos, con bajo salario, con despidos por reducción y tienen totalmente cercenado el derecho a la huelga.
En definitiva, una Ley cuyo objetivo fundamental es privatizar servicios en beneficios de las empresas del sector, dejando al margen a los trabajadores de la seguridad privada que no ven reflejado en el texto legal nada que recoja ninguna mejora sobre su situación profesional.
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