Más de un centenar de cargos públicos se quedarán hoy sin protección en el País Vasco y Navarra
Los escoltas privados exigen más formación y medios
materiales, además de una jornada laboral con descansos
materiales, además de una jornada laboral con descansos
Cerca de 150 cargos públicos de partidos políticos, Judicatura, Parlamento vasco y empresas se quedarán hoy sin protección debido a que cerca de 200 escoltas privados dejarán de prestar sus servicios, en protesta por sus condiciones laborales, fundamentalmente en cuestión de salarios, jornada laboral, formación y equipamiento.
Los escoltas de Seguriber, empresa contratada por el Ministerio del Interior y la consejería para prestar servicios de escolta, han decidido negarse a realizar horas extras como forma de presión y en reivindicación a una jornada laboral "normal", con descansos, mayor formación y más recursos materiales, así como el reconocimiento por parte tanto de las empresas como de las Administraciones vasca y central.
La medida de presión se trata concretamente de aplicar de forma estricta el convenio -que marca una jornada mensual de 164 horas y la aceptación voluntaria de horas extras- para dejar de hacer horas extras. En la práctica, esta medida supondrá el cese de la actividad de la mayoría de los escoltas de Seguriber hasta el próximo 1 de julio, al tener cumplido su horario laboral con las horas acumuladas (los trabajadores aseguran trabajar entre 300 y 400 horas mensuales actualmente).
Según los sindicatos, si continúan sin atenderse las reivindicaciones, cerca de 1.400 escoltas del País Vasco y Navarra se negarán a partir del próximo 25 de julio a trabajar más horas extraordinarias, lo que afectaría a entre 800 y 900 personas amenazadas, que quedarían durante una semana sin el servicio de dichos escoltas.
Por su parte, el Departamento de Interior del Gobierno vasco anunció que adoptará las "medidas necesarias" para garantizar la seguridad de las personas amenazadas que hoy pueden verse afectadas por el conflicto laboral de los escoltas privados en el País Vasco y Navarra. Según el Departamento, existe un "plan de choque" con el que hacer frente a cualquier contingencia que se presente en caso de que haya amenazado sin escolta.
El responsable de Seguridad Privada de UGT, Isidro Campo, advirtió que los sindicatos y trabajadores "no somos responsables de lo que pueda ocurrir" porque la tarea de proteger y dar seguridad a los ciudadanos recae en la Administración y las Fuerzas de Seguridad Públicas, dijo. "La seguridad privada es complementaria y está subordinada a las policías públicas", añadió.
